Como ya sabrá, la reserva de capitalización permite reducir la base imponible del Impuesto sobre Sociedades (IS) cuando la entidad incrementa sus fondos propios y mantiene ese aumento durante el plazo establecido legalmente.

Aunque este incentivo suele relacionarse con empresas que desarrollan una actividad económica ordinaria, la Ley no excluye de forma general a las sociedades patrimoniales. Por este motivo, una entidad dedicada, por ejemplo, al arrendamiento de inmuebles puede aplicar la reducción siempre que tribute a uno de los tipos de gravamen admitidos y cumpla el resto de los requisitos previstos en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS).

La Dirección General de Tributos (DGT) ha confirmado expresamente este criterio en una consulta vinculante V 0997-26 relativa a una sociedad patrimonial dedicada al alquiler de locales comerciales y que no contaba con personal contratado para su gestión.

• Atención. Ser una sociedad patrimonial no impide aplicar la reserva, pero tampoco supone que el incentivo pueda utilizarse automáticamente. Es necesario revisar todos los requisitos legales y contables.

La reducción general pasa a ser del 20%

Para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2025, la reserva de capitalización se ha visto reforzada. Con carácter general, la reducción aplicable asciende al 20% del incremento de los fondos propios de la entidad. Hasta ahora, el porcentaje era inferior, por lo que el incentivo adquiere una mayor importancia en la planificación del cierre fiscal.

Este porcentaje se calcula sobre el incremento de fondos propios determinado conforme a las reglas específicas de la Ley, y no sobre cualquier aumento que aparezca contablemente en el patrimonio neto.

• Atención. No todas las partidas que aumentan los fondos propios computan para calcular la reserva. Las aportaciones de socios, determinadas ampliaciones de capital y las reservas legales o estatutarias quedan fuera, entre otras partidas.

El límite puede elevarse al 25%

La reducción no puede aplicarse sin límite. Como regla general, su importe máximo será el 20% de la base imponible positiva previa a la propia reducción, a determinados ajustes contables y a la compensación de bases imponibles negativas.

Sin embargo, cuando el importe neto de la cifra de negocios de la entidad sea inferior a un millón de euros, ese límite máximo se eleva al 25%.

Esto significa que una pequeña sociedad puede aprovechar una parte mayor del incentivo en el mismo ejercicio, siempre que el incremento de sus fondos propios permita alcanzar dicha cuantía.

• Atención. El 25% no es el porcentaje de reducción sobre los fondos propios. Es el límite máximo que puede representar la reducción respecto de la base imponible positiva previa.

Qué cifra de negocios debe comprobarse

Para saber si resulta aplicable el límite del 25%, no basta con observar de forma aislada la facturación reflejada en el último cierre contable. La norma exige revisar el importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo en el que se genera el derecho a la reducción.

Cuando ese importe sea inferior a un millón de euros, podrá aplicarse el límite incrementado del 25% de la base imponible positiva previa.

• Atención. Debe atenderse a los doce meses anteriores al comienzo del ejercicio y no necesariamente a cualquier dato de facturación acumulado o estimado durante el propio período.

La reserva debe mantenerse durante tres años

La aplicación del incentivo exige que el incremento de los fondos propios se mantenga durante un plazo de tres años desde el cierre del período impositivo al que corresponda la reducción. La Ley contempla una excepción cuando la disminución se produce como consecuencia de pérdidas contables, pero fuera de ese supuesto será necesario conservar el incremento durante todo el período exigido.

Además, la entidad debe dotar una reserva contable por el importe de la reducción aplicada. Esta reserva tendrá que aparecer en el balance con absoluta separación, bajo una denominación adecuada, y permanecer indisponible durante esos mismos tres años.

• Atención. No basta con realizar el cálculo fiscal. La reserva debe dotarse correctamente en la contabilidad y figurar separada en el balance. Un error formal puede poner en riesgo el incentivo.

Los incrementos de plantilla permiten porcentajes reforzados

La nueva regulación incorpora porcentajes superiores cuando aumenta la plantilla media de la entidad. La reducción puede elevarse:

• Al 23% cuando la plantilla aumente al menos un 2% y no supere el 5%.
• Al 26,5% cuando el incremento se sitúe entre el 5% y el 10%.
• Al 30% cuando la plantilla aumente más de un 10%.

Este incremento también debe mantenerse durante tres años.

En el caso de muchas sociedades patrimoniales sin personal contratado, estos porcentajes reforzados no tendrán aplicación práctica. No obstante, conviene conocerlos cuando la entidad sí cuenta con trabajadores o prevé incorporarlos.

• Atención. La contratación puntual de un trabajador no garantiza el porcentaje reforzado. Debe calcularse la plantilla media y mantenerse el incremento durante el plazo legal.

La falta de base imponible no hace perder inmediatamente la reducción

Puede ocurrir que la sociedad genere el derecho a la reserva, pero no disponga de suficiente base imponible positiva para aplicarla en su totalidad. En ese caso, las cantidades pendientes podrán aplicarse en los dos períodos impositivos que finalicen inmediatamente después del cierre del ejercicio en el que se generó el derecho, junto con la reducción que, en su caso, corresponda en cada uno de esos ejercicios. En todo momento deberán respetarse los límites legales aplicables.

El criterio de la DGT no sustituye la comprobación de los requisitos

La consulta de la Dirección General de Tributos confirma que no existe una exclusión específica para las entidades patrimoniales y que el límite del 25% puede aplicarse cuando la cifra de negocios sea inferior a un millón de euros.

No obstante, la propia DGT advierte que su contestación parte de los hechos declarados por el consultante. No entra a comprobar la realidad de los datos contables, la correcta determinación del incremento de fondos propios ni el cumplimiento efectivo de los requisitos del artículo 25 de la Ley. Estas cuestiones podrán ser revisadas posteriormente por la Administración tributaria.

Recomendaciones

Las sociedades patrimoniales con beneficios y una cifra de negocios inferior a un millón de euros deberían revisar la posible aplicación de la reserva de capitalización antes de cerrar el Impuesto sobre Sociedades.

Para ello será necesario comprobar el incremento real de los fondos propios, identificar las partidas que no pueden computarse, calcular correctamente el límite del 25%, dotar la reserva de forma separada y planificar su mantenimiento durante tres años.

Una revisión realizada antes de aprobar las cuentas anuales permite coordinar mejor la distribución del resultado, la contabilización de la reserva y la liquidación del impuesto, evitando perder un incentivo que puede reducir de forma apreciable la tributación de la sociedad.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

Uno de los aspectos que más controversia ha venido generando en la tributación de los inmuebles arrendados es determinar qué gastos pueden deducirse realmente al calcular el rendimiento neto del capital inmobiliario. La normativa enumera numerosos gastos deducibles, pero no siempre resulta sencillo determinar si determinados desembolsos guardan una relación suficientemente directa con la obtención de los ingresos derivados del alquiler.

Precisamente sobre esta cuestión se ha pronunciado recientemente el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), en su Resolución de 24 de junio de 2026, fijando un criterio que puede beneficiar a muchos propietarios que tienen financiada su vivienda mediante un préstamo hipotecario.

El seguro de vida no siempre puede deducirse

Conviene hacer una primera aclaración importante. La resolución no establece que cualquier seguro de vida relacionado con una vivienda alquilada sea deducible en el IRPF. El criterio únicamente afecta a determinados supuestos en los que ese seguro mantiene una relación directa con la financiación del inmueble.

Por tanto, la contratación voluntaria de un seguro de vida por motivos personales continúa sin generar, con carácter general, un gasto deducible en los rendimientos del alquiler.

• Atención. Si el seguro de vida no guarda ninguna relación con las condiciones del préstamo hipotecario, las primas seguirán teniendo la consideración de gasto personal.

La clave está en la financiación del inmueble

El elemento determinante no es el seguro en sí mismo, sino la función que desempeña dentro de la financiación. El TEAC considera que cuando la entidad financiera exige contratar un seguro de vida como condición para conceder el préstamo o cuando su contratación permite acceder a un tipo de interés más reducido, existe una vinculación económica directa entre ese gasto y la financiación utilizada para adquirir o construir el inmueble arrendado.

En estas circunstancias, las primas dejan de verse como un gasto estrictamente personal para pasar a integrarse dentro del coste financiero asociado al inmueble.

• Atención. Revise la escritura del préstamo y la oferta bancaria. Si el seguro aparece vinculado a la financiación o permite obtener una bonificación del interés, podría existir derecho a la deducción.

No se trata de un seguro sobre el inmueble

Otro aspecto relevante que aclara la resolución consiste en diferenciar el seguro de vida de otros seguros tradicionalmente deducibles. Los seguros de incendio, responsabilidad civil, robo o similares protegen directamente el inmueble que genera los rendimientos y ya estaban expresamente previstos en la normativa.

Sin embargo, el seguro de vida protege a la persona asegurada y no al inmueble. Por ese motivo, el Tribunal entiende que su deducción no puede fundamentarse en las normas específicas aplicables a los seguros sobre el bien arrendado, sino en su consideración como un gasto relacionado con la financiación.

• Atención. No conviene confundir los seguros del inmueble con los seguros personales. Su tratamiento fiscal puede ser completamente distinto.

El concepto de gasto deducible es más amplio de lo que parece

Uno de los aspectos más interesantes de esta resolución es que el TEAC recuerda que la relación de gastos deducibles prevista en la Ley del IRPF no constituye una lista cerrada. La propia norma habla de gastos necesarios para obtener los rendimientos e incluye únicamente algunos ejemplos.

Esto permite interpretar que también pueden deducirse otros desembolsos cuando exista una conexión económica clara con la obtención de los ingresos derivados del alquiler.

Según el Tribunal, lo verdaderamente importante no es que el gasto sea estrictamente obligatorio desde un punto de vista jurídico, sino que contribuya de forma directa a la obtención de los rendimientos.

• Atención. El hecho de que un gasto no aparezca expresamente mencionado en la Ley no significa automáticamente que no pueda resultar deducible.

Un criterio que puede reducir la tributación de muchos arrendadores

La resolución parte de una idea sencilla. Si el propietario acepta contratar un seguro de vida para conseguir una financiación más barata, el coste total de esa financiación no está formado únicamente por los intereses del préstamo, sino también por el importe de las primas satisfechas.

Desde un punto de vista económico, ambos conceptos forman parte del coste necesario para mantener la financiación del inmueble arrendado. Por ello, impedir la deducción del seguro mientras se admiten los intereses supondría, según el Tribunal, gravar una capacidad económica superior a la realmente obtenida por el contribuyente.

• Atención. Este criterio puede resultar especialmente interesante para propietarios que revisen declaraciones no prescritas y comprueben que cumplen los requisitos exigidos.

¿Qué deben revisar ahora los propietarios?

Quienes obtienen rentas por el alquiler de inmuebles financiados mediante hipoteca deberían comprobar varios aspectos antes de presentar su próxima declaración del IRPF. Entre ellos conviene verificar:

• Si el préstamo hipotecario incorpora la contratación del seguro de vida entre sus condiciones.
• Si la contratación del seguro permite acceder a un tipo de interés bonificado.
• Si existe documentación que acredite esa vinculación con la financiación.
• Si las primas corresponden exclusivamente al préstamo que grava el inmueble arrendado.

Disponer de esta documentación facilitará la justificación del gasto en caso de una futura comprobación tributaria.

Recomendaciones

La resolución del TEAC supone un criterio favorable para muchos contribuyentes, pero no convierte automáticamente en deducibles todas las primas de seguros de vida.

Cada caso debe analizarse individualmente para comprobar si realmente existe una vinculación directa entre el seguro y la financiación del inmueble arrendado. Antes de aplicar esta deducción en la declaración del IRPF resulta aconsejable revisar la documentación del préstamo hipotecario y confirmar que se cumplen los requisitos establecidos por el Tribunal.

Una correcta revisión previa puede evitar futuras regularizaciones y permitir aprovechar aquellas deducciones que la normativa y la doctrina administrativa reconocen de forma expresa.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

Los errores en la confección de las nóminas forman parte de la realidad diaria de muchas empresas. Basta un fallo informático, una incidencia en el programa de gestión o un error humano para que un trabajador perciba un importe superior al que realmente le correspondía. Ante esta situación, la primera reacción suele ser la misma. Si el dinero se ha pagado por error, ¿puede recuperarse descontándolo directamente de la siguiente nómina? La respuesta no siempre es la misma.

Haber pagado de más no significa que la empresa pueda descontar automáticamente esa cantidad del siguiente salario.

Los errores más habituales

Aunque cada caso tiene sus particularidades, los excesos salariales suelen producirse por incidencias bastante comunes.

Entre ellas destacan:

• errores en el cálculo de horas extraordinarias;
• duplicidad en el pago de incentivos, dietas o complementos;
• bajas de trabajadores registradas fuera de plazo;
• actualización incorrecta de tablas salariales;
• cálculo erróneo de vacaciones o pagas extraordinarias;
• incidencias en los programas de nómina;
• aplicación incorrecta del convenio colectivo.

En la mayoría de las ocasiones el error no responde a una actuación intencionada, sino a simples incidencias administrativas.

• Atención. Cuanto antes se detecte el error, más sencilla suele ser su regularización.

¿Cuándo puede descontarse directamente de la nómina?

La empresa tiene derecho a recuperar las cantidades abonadas indebidamente. Sin embargo, eso no significa que pueda hacerlo siempre mediante un descuento unilateral. La clave está en determinar si la deuda reúne una serie de requisitos.

En términos generales, el descuento podrá realizarse cuando la cantidad sea perfectamente identificable, esté claramente determinada, sea exigible y, sobre todo, no exista ninguna discusión sobre su existencia. Es decir, ambas partes deben tener claro que realmente se produjo un pago indebido.

• Atención. Si el trabajador discute el origen o el importe de la deuda, la empresa no debería practicar el descuento de forma unilateral.

El Tribunal Supremo aclara cuándo es posible

Precisamente esta cuestión ha sido analizada por el Tribunal Supremo (STS nº 449/2025, de 21 de mayo). El caso tenía su origen en una empresa que, como consecuencia de un error en el sistema de cálculo de nóminas, abonó importes superiores a los que correspondían a determinados trabajadores tras un proceso de subrogación. Cuando detectó el error comunicó a la plantilla que las cantidades se recuperarían de forma progresiva, distribuyendo el descuento durante diez mensualidades. Los representantes de los trabajadores impugnaron la medida al entender que la empresa necesitaba una resolución judicial previa para poder realizar esos descuentos.

Sin embargo, tanto la Audiencia Nacional como posteriormente el Tribunal Supremo consideraron correcta la actuación empresarial porque nadie discutía que el pago había sido indebido ni cuál era exactamente la cantidad que debía devolverse.

La deuda era clara, líquida, vencida y exigible, por lo que la regularización podía realizarse directamente mediante descuentos en las nóminas.

¿Y si el trabajador no está de acuerdo?

La situación cambia completamente. Supongamos ahora que el trabajador considera que ese complemento sí le correspondía porque entiende que cumplió los objetivos fijados o porque discrepa de la interpretación realizada por la empresa. En ese momento ya existe una controversia. La deuda deja de ser pacífica y la empresa no debería descontar unilateralmente esas cantidades de la nómina. Lo procedente será reclamar su devolución por la vía judicial correspondiente para que sea un juez quien determine si realmente existe o no ese derecho al reintegro.

• Atención. Cuando existe cualquier discusión sobre la deuda, el descuento unilateral puede ser declarado improcedente.

Ante cualquier exceso salarial conviene actuar con rapidez, pero también con prudencia. Antes de practicar un descuento en nómina resulta recomendable verificar el origen del error, documentar correctamente la incidencia, comunicarla por escrito al trabajador y valorar si realmente existe acuerdo sobre la devolución. Una actuación precipitada puede convertir un simple error administrativo en un conflicto laboral perfectamente evitable.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

En muchas pequeñas y medianas empresas llega un momento en el que hace falta reforzar la tesorería. Puede ser para afrontar una inversión, compensar pérdidas, mejorar la solvencia frente a bancos o simplemente disponer de liquidez para continuar creciendo. En estas situaciones es frecuente que los propios socios aporten dinero a la sociedad. Sin embargo, no siempre es necesario acudir a una ampliación de capital ni formalizar un préstamo.

Existe una alternativa mucho más sencilla desde el punto de vista societario y contable: las aportaciones de socios registradas en la cuenta 118 del Plan General de Contabilidad.

Ahora bien, aunque esta operación resulta ágil y flexible, conviene conocer bien su tratamiento fiscal para evitar futuras regularizaciones.

• Atención. Una aportación correctamente contabilizada puede no tener coste fiscal. Sin embargo, un pequeño error en su planteamiento puede terminar tributando en el Impuesto sobre Sociedades.

¿Qué es una aportación de socios a la cuenta 118?

Se trata de una aportación que realizan uno o varios socios a favor de la sociedad sin aumentar el capital social y sin generar una deuda que la empresa deba devolver. En otras palabras, el socio entrega recursos a la sociedad para fortalecer sus fondos propios, pero no recibe nuevas participaciones ni nace un derecho de cobro frente a la empresa.

Precisamente por ese motivo estas aportaciones se contabilizan directamente en el patrimonio neto mediante la cuenta 118 «Aportaciones de socios o propietarios».

Esta fórmula permite mejorar rápidamente la situación financiera de la empresa sin necesidad de escritura pública ni inscripción en el Registro Mercantil, bastando normalmente con el correspondiente acuerdo de la Junta General.

• Atención. No debe confundirse una aportación a la cuenta 118 con un préstamo del socio. Su tratamiento contable y fiscal es completamente diferente.

¿Tributan estas aportaciones?

Como regla general, no. Cuando todos los socios realizan la aportación respetando el porcentaje que poseen en el capital social, la sociedad simplemente incrementa sus fondos propios. En ese supuesto la sociedad no obtiene un ingreso sujeto al Impuesto sobre Sociedades, y el socio aumenta el valor de adquisición de sus participaciones por el importe aportado.

La Dirección General de Tributos (DGT) y el ICAC consideran que estas operaciones no constituyen liberalidades, sino simples movimientos patrimoniales internos destinados a reforzar económicamente la empresa.

• Atención. La neutralidad fiscal solo se mantiene cuando las aportaciones respetan la participación de cada socio.

El problema aparece cuando un socio aporta más que los demás

En la práctica sucede con frecuencia. Un socio dispone de liquidez y decide ayudar a la empresa mientras el resto no puede aportar fondos. Aunque la intención sea salvar la sociedad, fiscalmente la operación cambia. La doctrina administrativa y la reciente jurisprudencia consideran que el exceso aportado sobre la participación que corresponde a ese socio deja de tener el tratamiento de una simple aportación a fondos propios.

Ese exceso puede convertirse en un ingreso sujeto al Impuesto sobre Sociedades para la empresa y, además, no incrementará el valor fiscal de las participaciones del socio aportante, al entenderse que existe una liberalidad respecto del resto de socios.

• Atención. No basta con contabilizar toda la operación en la cuenta 118. También debe analizarse si la aportación respeta la proporcionalidad entre socios.

Ejemplo

Imaginemos una sociedad limitada con dos socios.

• Ana posee el 60 % del capital.
• Javier posee el 40 %.

La empresa necesita 100.000 euros para acometer un proyecto de digitalización.

Escenario 1. Cada socio aporta según su participación

• Ana aporta 60.000 €
• Javier aporta 40.000 €

Resultado

La totalidad de la operación se registra en la cuenta 118. La sociedad incrementa sus fondos propios. No existe ingreso en el Impuesto sobre Sociedades. Cada socio aumenta el valor fiscal de sus participaciones por el importe efectivamente aportado.

Escenario 2. Solo aporta Ana

Ana decide asumir toda la financiación e ingresa los 100.000 €. Javier no aporta cantidad alguna. Desde un punto de vista económico la empresa recibe exactamente el mismo dinero. Sin embargo, fiscalmente la situación cambia.

Como Ana únicamente debía aportar 60.000 € conforme a su participación, los 40.000 € restantes constituyen una aportación no proporcional.

Consecuencias:

• 60.000 € mantienen el tratamiento de aportación a fondos propios.
• 40.000 € pueden considerarse ingreso fiscal para la sociedad.
• Ese importe incrementará la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
• Para Ana, esos 40.000 € no incrementarán el valor fiscal de su inversión.

Si la sociedad tributa al tipo general del 25 %, ese exceso podría generar aproximadamente 10.000 € adicionales de cuota del Impuesto sobre Sociedades, además de intereses y, en su caso, sanciones si la operación no hubiera sido correctamente declarada.

• Atención. El mismo movimiento de tesorería puede tener un impacto fiscal muy distinto dependiendo de cómo se estructure la aportación.

¿Y si en el futuro se quieren devolver esas aportaciones a los socios?

Una de las ventajas menos conocidas de las aportaciones registradas en la cuenta 118 es que no tienen por qué permanecer indefinidamente en la sociedad. Si la situación económica mejora, es posible acordar su devolución a los socios. Ahora bien, esta devolución no funciona como el reembolso de un préstamo.

Al formar parte de los fondos propios, estas aportaciones tienen la consideración de patrimonio aportado y su restitución debe respetar las normas mercantiles aplicables al reparto de reservas. En consecuencia, la sociedad únicamente podrá acordar su devolución cuando existan reservas distribuibles suficientes y se cumplan las limitaciones previstas en la Ley de Sociedades de Capital para proteger el patrimonio social.

Desde el punto de vista fiscal, la DGT ha equiparado esta devolución al tratamiento previsto para la prima de emisión. Esto significa que, con carácter general, el importe recibido por el socio reduce el valor de adquisición de sus participaciones. Solo si la devolución supera dicho valor, el exceso tributará como rendimiento del capital mobiliario en el caso de personas físicas.

Existe además un aspecto que muchas sociedades pasan por alto. Salvo que los estatutos establezcan otra regla o exista una estructura societaria específica que lo permita, la devolución se distribuye conforme al porcentaje de participación de cada socio, con independencia de quién realizó originalmente las aportaciones. Esto puede provocar situaciones poco deseadas cuando las aportaciones iniciales fueron realizadas únicamente por algunos socios.

• Atención. Antes de realizar aportaciones importantes a la cuenta 118 conviene analizar también cómo se recuperarán en el futuro. Una correcta planificación estatutaria puede evitar conflictos entre socios y consecuencias económicas no previstas.

¿Qué conviene revisar antes de realizar una aportación?

Antes de financiar la empresa mediante la cuenta 118 resulta recomendable comprobar:

• Si todos los socios van a participar en la aportación;
• Si las cantidades respetan el porcentaje de participación;
• Si existe un acuerdo formal de la Junta General;
• Si el tratamiento contable refleja correctamente la operación;
• Y si la operación puede tener consecuencias fiscales para la sociedad o para alguno de los socios.

Una adecuada planificación previa suele evitar ajustes fiscales posteriores mucho más costosos.

Nuestra recomendación

Las aportaciones de socios sin aumento de capital constituyen una herramienta muy útil para reforzar la financiación de la empresa de forma rápida y sencilla. No obstante, conviene analizar previamente cómo va a realizarse la aportación y cuál será su impacto contable y fiscal.

Especialmente cuando no todos los socios aportan en la misma proporción, una revisión previa por parte del asesor puede evitar contingencias tributarias, sanciones y costes innecesarios.

En este tipo de operaciones, la rapidez nunca debería sustituir a una correcta planificación.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

Durante años, la asistencia a las juntas de socios estuvo inevitablemente ligada a la presencia física. Sin embargo, la experiencia acumulada durante los últimos ejercicios (especialmente a raíz del COVID) ha cambiado por completo la forma en que muchas sociedades organizan sus reuniones.

Hoy resulta perfectamente posible que algunos socios acudan presencialmente al domicilio social mientras otros participen desde cualquier lugar mediante medios telemáticos. La fórmula ofrece indudables ventajas. Facilita la participación, reduce desplazamientos y favorece la toma de decisiones cuando los socios residen en ciudades distintas o mantienen agendas especialmente complejas. No obstante, conviene actuar con prudencia. Porque, aunque la tecnología simplifique la organización, las exigencias jurídicas siguen existiendo.

No todas las sociedades pueden celebrar juntas mixtas

Uno de los errores más frecuentes consiste en asumir que cualquier sociedad limitada puede permitir automáticamente la asistencia telemática de sus socios. No es así.

Antes de convocar una junta con participación a distancia, resulta imprescindible revisar detenidamente los estatutos sociales. La posibilidad de asistir telemáticamente debe encontrarse expresamente prevista en los estatutos. Si no existe dicha previsión, la sociedad deberá modificar previamente sus estatutos mediante acuerdo de junta general.

• Atención. Celebrar una junta con asistencia telemática sin cobertura estatutaria puede abrir la puerta a futuras impugnaciones de los acuerdos adoptados.

La convocatoria requiere información adicional

Cuando la sociedad ya dispone de la correspondiente previsión estatutaria, la convocatoria debe contener determinados extremos adicionales. No basta con indicar la fecha, hora y lugar de celebración. Los socios deben conocer con suficiente antelación cuestiones tan relevantes como, la plataforma o aplicación que se utilizará, procedimiento para conectarse, plazo para comunicar la asistencia telemática, forma de ejercer el derecho de voto o el sistema previsto para formular preguntas o intervenir.

Cuanta mayor claridad exista en estas instrucciones, menores serán las posibilidades de conflicto posterior.

• Atención. Una convocatoria incompleta puede provocar la nulidad de los acuerdos sociales si se considera que ha limitado los derechos de información o participación de alguno de los socios.

La identificación de los asistentes resulta esencial

La tecnología facilita la participación, pero también obliga a extremar las cautelas. El administrador debe asegurarse de que las personas conectadas son realmente quienes afirman ser. No se trata únicamente de una cuestión formal.

La correcta identificación de los asistentes afecta directamente a la válida constitución de la junta y al cómputo de mayorías. Por ello, resulta aconsejable establecer protocolos internos que regulen cuestiones prácticas como:

• Sistemas de autenticación previa.
• Remisión anticipada de documentación identificativa.
• Verificación mediante vídeo o firma electrónica.
• Confirmación previa de asistencia.

Grabar la sesión puede convertirse en una medida muy recomendable

La normativa no exige con carácter general la grabación de todas las juntas mixtas. Sin embargo, desde una perspectiva preventiva, resulta una medida altamente aconsejable. La grabación permite acreditar la correcta constitución de la junta, la identidad de los asistentes, el sentido de las votaciones, las intervenciones realizadas o la existencia o no de incidencias técnicas.

Igualmente resulta aconsejable remitir previamente a todos los socios la documentación objeto de deliberación. Esta práctica reduce conflictos y favorece un ejercicio efectivo del derecho de información.

¿Qué ocurre si finalmente todos los socios participan a distancia?

En la práctica sucede con frecuencia. La junta se convoca inicialmente como mixta, permitiendo tanto la asistencia presencial como telemática, pero finalmente todos los socios optan por conectarse a distancia. Esta circunstancia no transforma automáticamente la reunión en una junta exclusivamente telemática.

Desde el punto de vista jurídico seguirá considerándose una junta convocada como presencial con posibilidad de asistencia remota. No obstante, las juntas exclusivamente telemáticas presentan requisitos específicos adicionales que también conviene revisar previamente.

¿Su sociedad está preparada para celebrar juntas telemáticas con seguridad jurídica?

Muchas sociedades han incorporado soluciones tecnológicas sin adaptar simultáneamente sus estatutos o sus protocolos internos.

Por ello, puede resultar conveniente revisar:

• La redacción actual de los estatutos sociales.
• Los sistemas de convocatoria utilizados.
• Los procedimientos internos de identificación.
• Los protocolos de votación y participación.
• Las medidas de conservación de evidencias.

Una adecuada revisión societaria preventiva suele evitar impugnaciones futuras y proporciona mayor seguridad tanto a administradores como a socios. Porque, en materia societaria, tan importante como adoptar decisiones es poder acreditar posteriormente que dichas decisiones se tomaron correctamente.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

La campaña del Impuesto sobre Sociedades suele venir acompañada de una pregunta recurrente. «Si no he tenido actividad, ¿también tengo que presentar la declaración?». La respuesta, aunque pueda resultar sorprendente, es que en muchos casos sí.

La normativa del Impuesto sobre Sociedades establece una obligación de declarar bastante amplia. No solo afecta a las sociedades mercantiles que desarrollan una actividad económica de manera habitual. También alcanza a determinadas entidades sin ánimo de lucro, organizaciones parcialmente exentas e incluso sociedades que llevan tiempo sin operar.

Las sociedades activas deben presentar declaración

Como regla general, todas las entidades que tengan la condición de contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades están obligadas a presentar su declaración.

Entre ellas se encuentran las sociedades limitadas, sociedades anónimas, cooperativas, agrupaciones de interés económico y otras entidades con personalidad jurídica.

La obligación existe con independencia del resultado obtenido. Haber generado pérdidas o tener una cuota tributaria nula no elimina, por sí solo, el deber formal de presentar el modelo correspondiente.

• Atención. No presentar la declaración porque la sociedad ha tenido pérdidas puede derivar en requerimientos y sanciones por incumplimiento de obligaciones formales.

Las sociedades inactivas también deben cumplir

Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que una sociedad sin movimientos está automáticamente liberada de presentar el impuesto.

Mientras la entidad continúe existiendo jurídicamente y permanezca inscrita en el Registro Mercantil, seguirá siendo contribuyente del Impuesto sobre Sociedades.

Esto significa que deberá presentar declaración, aunque no haya emitido facturas, no tenga empleados o lleve meses sin desarrollar actividad alguna.

• Atención. Si una sociedad ha dejado de operar, conviene valorar si procede iniciar un proceso formal de disolución y liquidación. Mantener entidades inactivas durante años suele generar costes y obligaciones que muchas veces se desconocen.

Las entidades en liquidación tampoco quedan exentas

Cuando una sociedad inicia su proceso de liquidación, no desaparecen automáticamente sus obligaciones tributarias.

Durante todo ese periodo deberán presentarse las declaraciones correspondientes a cada ejercicio que finalice. Además, será necesario presentar una última declaración cuando la extinción quede inscrita en el Registro Mercantil.

• Atención. La extinción efectiva no se produce cuando cesa la actividad, sino cuando se formaliza e inscribe registralmente. Hasta ese momento continúan existiendo

Asociaciones y fundaciones

Las entidades sin ánimo de lucro constituyen uno de los ámbitos donde más dudas suelen aparecer. Aquellas acogidas al régimen especial de la Ley 49/2002 deberán presentar declaración por la totalidad de sus rentas, tanto si están exentas como si no lo están.

Por su parte, determinadas asociaciones y entidades parcialmente exentas que no aplican dicho régimen podrán quedar dispensadas de presentar declaración, aunque únicamente cuando cumplan simultáneamente una serie de requisitos establecidos por la normativa.

• Atención. No todas las asociaciones reciben el mismo tratamiento fiscal. El hecho de ser una entidad sin ánimo de lucro no implica automáticamente quedar excluida de la obligación de declarar.

Cuándo una entidad parcialmente exenta puede no presentar declaración

Determinadas entidades parcialmente exentas podrán quedar liberadas de esta obligación cuando concurran, al mismo tiempo, tres circunstancias:

• Que sus ingresos totales no superen los 75.000 euros anuales.
• Que las rentas no exentas obtenidas no excedan de 2.000 euros al año.
• Que todas esas rentas no exentas hayan estado sometidas a retención.

La ausencia de cualquiera de estos requisitos implica la obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades.

¿Y qué ocurre con determinadas entidades públicas?

La normativa contempla un conjunto de entidades totalmente exentas que, además, no están obligadas a presentar declaración. Entre ellas figuran el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, determinados organismos públicos y otras instituciones expresamente recogidas en la ley. No obstante, se trata de supuestos tasados y de interpretación restrictiva.

Cuadro práctico de los tres requisitos para no declarar (art. 124.3 LIS)

Importante: basta con incumplir uno solo de estos tres requisitos para que la entidad parcialmente exenta esté obligada a presentar el Impuesto sobre Sociedades.

Alertas prácticas

• Una sociedad inactiva sigue teniendo obligaciones fiscales mientras no se extinga formalmente.
• Las asociaciones no están automáticamente exentas de presentar el impuesto por el mero hecho de no tener ánimo de lucro.
• La cuota cero no elimina la obligación de declarar.
• Antes de decidir no presentar el modelo 200, conviene revisar el régimen fiscal concreto aplicable a la entidad.
• Las entidades en liquidación deben continuar presentando declaraciones hasta la cancelación registral definitiva.

Si tu sociedad permanece inactiva, si formas parte de una asociación, fundación o entidad parcialmente exenta, o si existen dudas sobre el régimen fiscal aplicable, es importante realizar una comprobación previa antes de que finalice el plazo de presentación.

En materia tributaria, los errores derivados de interpretaciones apresuradas suelen resultar más costosos que una revisión a tiempo.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

En muchas familias existe la costumbre de incorporar a un hijo o a un familiar cercano como cotitular de una cuenta bancaria para facilitar pagos, recibos, transferencias o simplemente para evitar problemas futuros si el titular principal tiene dificultades para gestionar sus asuntos económicos. Es una práctica completamente habitual y, de hecho, los bancos la tramitan con enorme normalidad. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico y fiscal, la cuestión no resulta tan simple como parece.

Durante años se ha extendido cierta idea equivocada según la cual el hecho de aparecer como titular en una cuenta implica automáticamente ser propietario del dinero existente en ella. Y precisamente ahí es donde empiezan muchas confusiones, tanto familiares como tributarias.

La Dirección General de Tributos (DGT), en varias consultas, como por ejemplo en la consulta V0353-26, ha vuelto a recordar un criterio que los tribunales vienen sosteniendo desde hace tiempo. El simple hecho de incluir a un hijo como cotitular en una cuenta no supone, por sí solo, la existencia de una donación sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).

La conclusión es importante porque desmonta una percepción bastante extendida. Una cuenta bancaria compartida no convierte automáticamente el saldo en propiedad de todos sus titulares por partes iguales. Lo que realmente existe, en la mayoría de estos casos, es una facultad de disposición frente al banco, es decir, la posibilidad de operar con la cuenta. Pero una cosa es poder utilizar el dinero y otra muy distinta ser jurídicamente dueño de él.

• Atención. La cotitularidad bancaria no implica automáticamente una transmisión patrimonial. Hacienda puede analizar el origen real del dinero y no únicamente el nombre que aparece en la cuenta. Conviene diferenciar siempre entre capacidad para operar y propiedad efectiva de los fondos.

Lo importante no es quién aparece en la cuenta sino de quién es realmente el dinero

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha insistido en numerosas ocasiones en una idea que suele pasar desapercibida en la práctica diaria. Las cuentas indistintas o solidarias responden principalmente a una operativa bancaria, no a una declaración automática de copropiedad.

Esto significa que el banco permite a cualquiera de los titulares disponer de los fondos, retirar dinero, realizar pagos o incluso cancelar la cuenta. Sin embargo, esa facultad operativa no resuelve quién es realmente propietario del saldo.

La cuestión esencial seguirá siendo siempre la misma. ¿Quién aportó el dinero?

Si el saldo procede exclusivamente de los ingresos, ahorros o patrimonio de uno de los titulares, el hecho de añadir a otra persona no altera automáticamente esa titularidad dominical. Dicho de otra forma, el dinero puede seguir perteneciendo íntegramente al titular original aunque exista otro cotitular autorizado para operar.

Este matiz adquiere enorme relevancia cuando Hacienda revisa movimientos bancarios, herencias o posibles donaciones encubiertas. Porque la Administración no se limitará a observar el contrato bancario. Lo que realmente intentará determinar es si existió una voluntad efectiva de regalar dinero.

Y ahí entran en juego elementos mucho más complejos que una simple firma ante el banco.

• Atención. El origen de los fondos será determinante en cualquier comprobación tributaria. Las cuentas compartidas entre familiares suelen generar conflictos de prueba. La Administración puede exigir documentación incluso años después de haberse abierto la cuenta.

Para que exista una donación tiene que haber algo más que una cuenta compartida

El ISD no nace automáticamente porque dos personas aparezcan vinculadas a una cuenta bancaria. Para que exista realmente una donación deben concurrir determinados requisitos jurídicos bastante concretos.

Debe existir un desplazamiento patrimonial real, es decir, un empobrecimiento de quien entrega el dinero y un enriquecimiento efectivo de quien lo recibe. Pero además aparece otro elemento especialmente relevante y muchas veces olvidado. La intención verdadera de hacer una liberalidad. No basta con una apariencia formal. Tiene que existir voluntad de donar.

Por eso resulta tan importante analizar el contexto real de cada situación familiar. No es lo mismo incorporar a un hijo para ayudar a gestionar pagos cotidianos que hacerlo con la intención de entregarle definitivamente parte del patrimonio.

La diferencia parece sutil, pero fiscalmente cambia completamente el escenario.

De hecho, la propia DGT recuerda que, si no concurren los elementos esenciales de la donación, no puede entenderse producido el hecho imponible del impuesto.

Ahora bien, tampoco conviene caer en una falsa sensación de tranquilidad. Porque aunque la simple cotitularidad no determine automáticamente una donación, determinados movimientos posteriores sí podrían hacer saltar las alarmas.

Por ejemplo, retiradas importantes de dinero realizadas por el hijo, transferencias a cuentas personales o utilización habitual de fondos para fines propios podrían provocar que la Administración interpretase que sí existió una transmisión lucrativa encubierta.

• Atención. Las disposiciones de dinero por parte del cotitular pueden cambiar completamente el análisis fiscal. Cuanto más se utilicen los fondos para fines personales, mayor será el riesgo de regularización. La intención real de las partes seguirá siendo uno de los elementos más difíciles de demostrar.

El fallecimiento del titular suele ser el momento más delicado

Muchas de estas situaciones pasan años sin generar ningún problema hasta que se produce un fallecimiento. Es entonces cuando aparecen conflictos entre herederos, comprobaciones tributarias o discrepancias sobre quién era realmente dueño del dinero existente en la cuenta.

Y aquí conviene tener muchísimo cuidado.

El hecho de figurar como cotitular no significa automáticamente que el superviviente adquiera la propiedad total del saldo tras el fallecimiento del otro titular. La parte del dinero que pertenecía realmente al fallecido deberá integrarse en la herencia y repartirse conforme a las normas sucesorias correspondientes.

En otras palabras, la cuenta bancaria no modifica por sí sola las reglas civiles de la sucesión.

Esto genera bastantes problemas prácticos porque, en ocasiones, algún cotitular continúa utilizando libremente el dinero después del fallecimiento pensando que puede hacerlo por aparecer en la cuenta. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, parte de esos fondos puede corresponder realmente al caudal hereditario. Y cuando existen varios herederos, las tensiones suelen aparecer rápidamente.

• Atención. La muerte de uno de los titulares cambia completamente el escenario jurídico de la cuenta. El saldo correspondiente al fallecido debe incorporarse a la herencia. Los movimientos posteriores al fallecimiento suelen revisarse con especial atención.

La prueba terminará siendo la verdadera clave

En este tipo de situaciones, más allá de la teoría jurídica, todo acaba girando alrededor de una cuestión muy concreta. La capacidad de acreditar qué ocurrió realmente. Hacienda podrá solicitar extractos bancarios, analizar el origen de los ingresos, revisar quién utilizaba habitualmente los fondos e incluso valorar el comportamiento económico de los titulares durante años anteriores.

Por eso resulta especialmente importante conservar documentación, justificar movimientos relevantes y evitar actuaciones ambiguas que puedan interpretarse como una transmisión gratuita encubierta.

Porque aunque la doctrina administrativa y la jurisprudencia resultan relativamente claras al diferenciar entre cotitularidad y propiedad, la Administración tributaria siempre podrá analizar cada caso concreto atendiendo a sus circunstancias reales.

Y precisamente ahí aparece el verdadero riesgo. No tanto en la existencia de la cuenta compartida, sino en la dificultad posterior para demostrar cuál era la auténtica intención de las partes y quién era realmente propietario del dinero.

• Atención. La carga de la prueba corresponde al contribuyente. La falta de documentación suele jugar en contra del titular inspeccionado. Conviene revisar periódicamente este tipo de cuentas desde el punto de vista fiscal y sucesorio.

Analizar correctamente la titularidad real de las cuentas bancarias y anticipar posibles riesgos fiscales o hereditarios puede evitar conflictos familiares y regularizaciones futuras por parte de Hacienda. Revisar estas situaciones a tiempo suele ser mucho más sencillo, y menos costoso, que defenderlas después en una comprobación tributaria.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,